Los intereses de China en el canal interoceánico en Nicaragua

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La firma de un contrato por 30.000 millones de dólares entre el gobierno de Xi Jinping y el de Daniel Ortega revela la estrategia geopolítica del país asiático en América Latina. (Infobae).

En julio del 2012, el gobierno nicaragüense anunciaba con bombos y platillos la aprobación de una ley para la construcción del “Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua”.

La ley autorizó al gobierno crear una empresa cuya participación estatal sería del 51 por ciento, mientras que el 49 por ciento restante sería adquirido por un aliado estratégico.

Entonces Paul Osquit, asesor presidencial de Daniel Ortega, dijo que era un proyecto que pretendía enviar “una señal clara a los países del mundo” interesados en invertir en el megaproyecto, entre los que figuraban VenezuelaBrasil, ChinaJapón, Corea del Sur y Rusia.

Oquist explicó que “los estudios de factibilidad, ambientales y de costos” determinarían la ruta más conveniente para desarrollar el canal, que apuesta a convertirse en una ruta alternativa al de Panamá. 

El canal tendrá que estar operando parcialmente en 2019, convirtiéndose en el corredor interoceánico más largo, profundo y ancho del planeta, con una inversión estimada de 30.000 millones de dólares.

El inversor extranjero resultó ser China luego de la firma en Managua de un memorando en agosto de 2012 entre el presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, Manuel Coronel Kautz, y el presidente de la recién creada HK Nicaragua Canal Development Investment Company, Wang Jing.

El país asiatico es dueño de casi la mitad de un canal interoceánico a través del cual no solo podrán transitar barcos privados de comercio y turismo, sino navíos de bandera china de cualquier calado.

Según dos ex diplomáticos colombianos, Noemí Sanín y Miguel Ceballos, quienespublicaron un artículo en la Revista Semana como abrebocas al libro que están preparando sobre las pretensiones de China en América Latina, la alianza fue la antesala del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en la disputa Nicaragua-Colombia.

El 19 de noviembre de 2012, en un polémico fallo, la CIJ le otorgó a Nicaragua 75.000 kilómetros de mar territorial que antes le pertenecían al país andino.

“Como parte de su visión geopolítica, China viene desarrollando una sofisticadaestrategia de expansionismo económico, con un evidente trasfondo político”, argumentan los autores que ven la inversión del gigante asiático como una puerta de entrada al hemisferio, en el terreno económico, político y militar.

“Con la delimitación marítima propuesta por el fallo, la alianza nica-china podría garantizar un mejor acceso al Caribe por la parte sur de San Andrés sin necesidad de atravesar el mar colombiano”, añaden.

Los autores revelan un detalle que se ha pasado por alto en la pelea diplomática: entre los jueces de la CIJ, había una jueza de nacionalidad china, Xue Hanqin, cuyo impedimento nunca fue valorado.

El antecedente: Venezuela

Daniel Ortega comenzó a estrechar los lazos con China, aconsejado por el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez cuyo gobierno impulso una gran cooperación con Pekin.

Venezuela y China firmaron acuerdos por valor de miles de millones de dólares en los ámbitos del petróleo, la energía, la construcción, la industria y la tecnología.

Actualmente Venezuela vende 640.000 barriles diarios de petróleo a China, de los cuales 264.000 se destinan a pagar la deuda que mantiene el país sudamericano con el gigante asiático por los créditos que Pekín le ha otorgado en los últimos años por más de 30.000 millones de dólares.

China es el segundo socio comercial de Venezuela, con un intercambio de más de 20.000 millones de dólares en 2012.

En las finanzas de Nicaragua los chinos se han extendido al mercado de las telecomunicaciones y de la exploración petrolera.

Nicaragua impulsa la construcción del canal en medio de otra disputa limítrofe que mantiene desde hace dos años con Costa Rica por la soberanía de una diminuta isla fluvial ubicada en el extremo este de la frontera común, y que también está en manos de la CIJ.

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